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La designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas dejó de ser una decisión exclusiva de Estados Unidos y comenzó a formar parte de una estrategia regional contra el crimen organizado.
En América Latina, varios gobiernos han adoptado clasificaciones similares o respaldado iniciativas para imponer sanciones financieras, restricciones migratorias y otras medidas contra estos grupos, centrando la denominación a una gran cantidad de cárteles mexicanos.
Países como Argentina, Ecuador e incluso Costa Rica han denominado a varios grupos criminales de México como organizaciones narcoterroristas, el último caso es el que más ha llamado la atención debido a que Costa Rica abolió su ejército en 1948. La decisión se enmarca en un escenario de mayor cooperación con Washington y de nuevas propuestas para coordinar acciones contra organizaciones criminales en el continente.
Pero, ¿qué significa realmente esa clasificación?
El 21 de octubre, la Presidencia de Argentina declaró al cártel Sinaloa y a la Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas. Como consecuencia, los incsribió al Registro Público de Personas y entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) de Argentina.
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"El cártel de Sinaloa es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos. Por su parte, la Nueva Familia Michoacana es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional", se lee en el comunicado de la Oficina del Presidente de Argentina.
Esta decisión ocurre semanas después de que el gobierno argentino anunciara que Estados Unidos creó en Argentina una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés). El gobierno estadounidense aprobó un fondo de 13,35 millones de dólares para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en la que el gobierno argentino declara como terrorista a una organización criminal que radica en México. En marzo de 2026, el gobierno argentino declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como grupo terrorista.
El RePET permite a las autoridades argentinas reforzar la supervisión financiera y detectar posibles operaciones vinculadas con el financiamiento del terrorismo. Las principales actividades que realizan las autoridades de Argentina son:
Vigilancia financiera: entidades financieras deberán verificar posibles vínculos de sus clientes y operaciones con las organizaciones incluidas en el registro.
Bloqueo de activos: se congelaran cuentas, fondos y otros bienes conforme a la legislación argentina.
Restricciones a operaciones comerciales: las entidades financieras deberán adoptar medidas para impedir operaciones vinculadas con financiamiento ilícito.
Investigaciones: las autoridades podrán fortalecer el seguimiento de posibles redes de apoyo económico y operaciones sospechosas.
Cooperación internacional: permitirá el intercambio de información con otros gobiernos para identificar actividades y estructuras financieras relacionadas con estos grupos.
En la inauguración del Centro penitenciario de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, declaró a seis cárteles mexicanos y tres organizaciones colombianas como terroristas. Esta decisión tiene el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.
La presidenta costarricense designó como grupos terroristas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
"Costa Rica está empleando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para frenar la avanzada del narcoterrorismo y para expulsarlos del territorio nacional", declaró Fernández.
A pesar de ello, la mandataria no detalló los alcances de este nombramiento ni la legislación en la que se basa la designación.
Costa Rica abolió sus fuerzas armadas en 1948, una decisión que quedó incorporada en el artículo 12 de su Constitución Política. El país cuenta con cuerpos policiales y autoridades encargadas de la seguridad, la investigación criminal, el control fronterizo y la persecución de delitos. La ausencia de un ejército permanente implica que su respuesta no se organiza alrededor de unas fuerzas armadas convencionales, pero no elimina su capacidad para investigar redes criminales, detener a sus integrantes, decomisar bienes o cooperar con otros Estados, puntualiza el maestro en Sociología Política.
"La designación de los cárteles como organizaciones narcoterroristas no supone, por sí misma, que Costa Rica vaya a crear un ejército o participar en una operación militar. Su aplicación depende de las facultades que tengan sus instituciones, de la legislación vigente y de los compromisos internacionales que haya asumido", detalla Cristian Arteaga, licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Sociología Política.
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De acuerdo con lo que explica Arteaga, el punto que requiere especial atención es la relación entre la iniciativa regional y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). En septiembre de 2026, los gobiernos que respaldaron la declaración conjunta plantearon impulsar una reunión de consulta en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objetivo de estudiar medidas colectivas contra las organizaciones señaladas.
El artículo 8 del TIAR contempla distintas medidas, desde acciones diplomáticas y económicas hasta el empleo de la fuerza armada. Sin embargo, la existencia de ese mecanismo no significa que se haya acordado una intervención militar ni que todos los Estados estén obligados a participar en ella. El artículo 20 establece que ningún Estado puede ser obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento.
Costa Rica puede participar en mecanismos de cooperación, intercambio de inteligencia y sanciones sin que ello implique automáticamente el envío de tropas o el abandono de su tradición constitucional de no mantener un ejército, asevera Arteaga.
La clasificación de organizaciones criminales como terroristas no sólo tiene efectos jurídicos. También modifica el enfoque con el que los gobiernos definen la amenaza y el tipo de herramientas que consideran apropiadas para enfrentarla.
Luis Aguilar señaló que la designación estadounidense de mencionar a los cárteles como grupos narcoterroristas abre nuevas herramientas para combatir a las organizaciones criminales, pero advirte que todavía es necesario evaluar si la categoría de terrorismo corresponde a la naturaleza de estos grupos y qué resultados produce en la práctica.
Una diferencia relevante es que las organizaciones dedicadas principalmente al lucro criminal no necesariamente comparten los objetivos políticos o ideológicos que caracterizan a otros grupos terroristas. La distinción no minimiza la violencia de los cárteles, pero sí plantea preguntas sobre qué marco jurídico permite perseguirlos de forma más eficaz y con mayores garantías.
La discusión también abarca los efectos de las sanciones financieras. El bloqueo de activos, el seguimiento de operaciones y la persecución de quienes proporcionan apoyo material pueden elevar los costos de colaborar con estas organizaciones. Sin embargo, su eficacia depende de que las autoridades puedan identificar las redes financieras, reunir pruebas y llevar los casos ante los tribunales.
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Por su parte, Cristian Arteaga añade que estas designaciones también pueden servir para justificar el uso de la fuerza militar y generar riesgos para la soberanía nacional. Entre sus preocupaciones está la posibilidad de que las operaciones armadas pongan en peligro a la población civil o que la etiqueta de terrorismo se utilice para ampliar las facultades del Estado contra personas que no participan en actividades criminales.
La Coalición Anticárteles de las Américas, conocida como Escudo de las Américas, es una iniciativa impulsada por el gobierno de Donald Trump en marzo de 2026 para coordinar acciones regionales contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
Su relación con los cárteles mexicanos está en que ocho organizaciones vinculadas con México fueron incluidas entre los 24 grupos contra los que los países integrantes anunciaron medidas conjuntas. La lista contempla al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Los Viagras y el Cártel de Juárez.
El 22 de septiembre de 2026, los 15 gobiernos participantes anunciaron su intención de impulsar medidas contra estas organizaciones, entre ellas el congelamiento de activos, las restricciones migratorias y de visas, y la responsabilidad penal para quienes les proporcionen apoyo material o logístico de manera consciente.
Para Luis Aguilar, licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Tecnología, Geopolítica y Seguridad expresa que la aplicación de la iniciativa dependerá de las leyes y obligaciones de cada país, por lo que el anuncio no significa que todas estas medidas ya estén vigentes en cada territorio.
"La iniciativa busca que la respuesta contra estos grupos no dependa únicamente de las acciones de un solo gobierno, sino que exista coordinación entre distintos países para dificultar sus operaciones y el movimiento de sus recursos", señala el especialista.