“Tolerancia cero” bajo la lupa: el reclamo de las víctimas de abuso que esperan al papa en Argentina

2026-10-29 10:28:16 - ARGENTINA

BUENOS AIRES (AP) — La próxima visita del papa León XIV a Argentina tendrá lugar en medio de resonantes denuncias contra clérigos y laicos por abusos sexuales y otros delitos.

Las víctimas han expresado su profunda frustración por el silencio del Vaticano sobre los procesos canónicos abiertos a varios sacerdotes que ya fueron condenados por la justicia ordinaria y exigen la supresión de su estado clerical, la máxima sanción de la Iglesia católica.

El viaje papal, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, despierta sentimientos encontrados: hay quienes guardan la esperanza de reunirse con el pontífice para relatarle sus experiencias y exigirle medidas contundentes contra sus agresores y otros —como los integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos— rechazan su presencia por considerar que la Iglesia les ha fallado pese a sus promesas de "tolerancia cero" a los abusos.

Estos son algunos de los escándalos que rodean a miembros de la Iglesia en Argentina:

El papa visitará la provincia de Córdoba, una región de profunda tradición católica en la que el sacerdote Alejandro Nicola fue denunciado por más de una docena de familias por supuestos abusos sexuales a menores. Los hechos habrían ocurrido mayormente en 2025 en el jardín de infantes de un colegio donde Nicola ejercía como párroco.

La justicia ordinaria investiga el caso y ha hecho peritajes al sacerdote mientras la Iglesia provincial realiza una pesquisa preliminar. Nicola no se ha referido públicamente a las denuncias y sólo ha dicho a periodistas que "los abogados se van a encargar de eso". Tampoco se conocen declaraciones públicas de la defensa del religioso.

En julio, a pesar de las acusaciones, Nicola fue visto oficiando misa junto a otro cura en la Catedral de Córdoba que León XIV recorrerá durante su estadía, lo que indignó a las familias denunciantes.

La empleada de comercio Florencia Navarro y la médica Fernanda Agüero han acusado al sacerdote de haber abusado de sus respectivas hijas. Navarro dijo a The Associated Press que ya no confía en la Iglesia. "Ya que (el papa) es la representación de Dios para algunos en la Tierra me gustaría que dé explicaciones, ya que tanto hablan de proteger a los vulnerables", sostuvo la mujer, miembro de la Red de Víctimas de Abusos Eclesiásticos en Córdoba.

Agüero espera que "no sea sólo un discurso lo que el papa viene a dar, que no sean sólo palabras, sino que sean acciones concretas con la tolerancia cero".

Las dos mujeres apuntaron contra el arzobispado de Córdoba y las autoridades del colegio católico por haber mantenido una postura condescendiente con Nicola. Al ser consultado, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, invocó ante los periodistas la "presunción de inocencia" del sacerdote.

Un grupo de 43 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de trata de personas y reducción a la servidumbre en centros del Opus Dei en Argentina aspira a reunirse con el pontífice en Buenos Aires.

Las acusaciones apuntan al líder global del Opus Fernando Ocáriz y ya han derivado en la imputación del segundo de la organización y de antiguas autoridades en Sudamérica.

El abogado de las denunciantes, Sebastián Sal, tramita el encuentro ante el Vaticano.

Según las denuncias que investiga la justicia penal, las víctimas fueron reclutadas cuando eran adolescentes bajo falsas promesas para luego ser sometidas a jornadas laborales de entre 12 y 16 horas diarias como sirvientas de los miembros de mayor jerarquía, sin remuneración y en condiciones de aislamiento y total subordinación. Los hechos habrían ocurrido entre la década de 1970 y 2015.

Luego de que el papa Francisco limitara el estatus especial del Opus Dei entre 2022 y 2023 —restando autonomía a la organización fundada por Josemaría Escrivá—, las denunciantes esperan que León XIV la intervenga y exija a sus autoridades un pedido público de disculpas, especialmente tras el silencio del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ante una denuncia formal que presentaron en 2021.

"Nosotras éramos unas nenas cuando entramos. No nos van a devolver la dignidad que nos robaron", relató Andrea Martínez, de 52 años, quien ingresó de adolescente a un centro del Opus Dei en Buenos Aires. "Sentís que no sos nadie, sólo un uniforme", contó sobre su experiencia.

Por su parte, Rosana Vaccon señaló que busca una restitución moral por maltrato. La mujer fue aislada de su familia, lo que le impidió enterarse de la grave enfermedad que sufría su padre. "Resulta que las cartas que mi mamá me mandaba nunca las recibí, nunca me las dieron".

La fiscalía acusó formalmente a Mariano Fazio —vicario auxiliar del Opus Dei— junto a tres exvicarios regionales de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia y un exsecretario regional a cargo de la Sección Mujeres. Los fiscales han solicitado las declaraciones indagatorias, pero el juez de la causa no las ha ordenado. El abogado Sal solicitó además la imputación de Ocáriz.

Las autoridades del Opus Dei en Argentina negaron "categóricamente" estos delitos, que contemplan penas de prisión.

El caso de abusos sexuales a decenas de menores hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza entre 2005 y 2016 sumó un nuevo capítulo. En septiembre un tribunal de esa provincia sentenció a la exmonja Kumiko Kosaka a 20 años de prisión por haber abusado de cinco alumnos.

Los principales acusados recibieron en 2019 las condenas más altas de la historia judicial argentina para miembros de la Iglesia: el cura Horacio Corbacho fue condenado a 45 años y el sacerdote italiano Nicola Corradi a 42 años. Corradi falleció bajo arresto domiciliario.

Las agrupaciones de sobrevivientes repudian el "silencio" del Vaticano ya que, pese a que inició un juicio canónico a Corbacho en 2017, no ha comunicado públicamente una resolución luego del dictamen del vicario judicial enviado por Roma, Dante Simón, quien solicitó la dimisión del estado clerical para ambos sacerdotes.

Los críticos del Vaticano repudian que clérigos de alto perfil con severas condenas penales mantengan su condición de sacerdotes. Entre ellos están Christian Von Wernich, Julio Grassi y Gustavo Zanchetta.

El Vaticano no respondió a una solicitud de comentarios de AP sobre el estado canónico de los aludidos ni sobre la situación de Corbacho, en prisión por los abusos en el Próvolo. Tampoco lo hicieron las diócesis argentinas encargadas de su seguimiento.

La Santa Sede tiende a no iniciar juicios canónicos hasta que se agoten todas las apelaciones penales, aunque sí recomienda que los obispos tomen medidas cautelares durante las investigaciones como apartar a los sacerdotes del ministerio activo.

En 2007 Von Wernich recibió la pena de prisión perpetua por su coautoría en siete homicidios y decenas de secuestros y torturas perpetrados mientras se desempeñaba como capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar (1976-1983).

El Episcopado argentino anunció un proceso canónico interno ese mismo año, pero no se conoce ninguna sanción canónica contra el cura.

Grassi fue popular en la década de 1990 por liderar hogares para menores huérfanos y mantener estrechos lazos con la cúpula eclesiástica. Cumple una condena de 15 años de prisión por abuso sexual de un menor que fue ratificada en 2017 por la Corte Suprema.

Luego de ese fallo, el Obispado de Morón dijo que estaba "vigente" la prohibición de que el cura ejerza de forma pública "el ministerio" y que había enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe un informe con la investigación preliminar de las denuncias. Sin embargo, no ha habido novedades sobre el caso, según denuncian las agrupaciones de víctimas y organizaciones de monitoreo eclesial.

El papel de Francisco en el escándalo que rodeó a este sacerdote estuvo bajo la lupa. En 2010, cuando era titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Bergoglio encargó a un jurista un voluminoso estudio sobre las denuncias contra Grassi, el cual concluyó que sus víctimas mentían y que el caso nunca debería haber ido a juicio penal.

En cuanto al exobispo Zanchetta, fue condenado en 2022 a cuatro años y seis meses de prisión por el abuso sexual de dos seminaristas. Tras obtener la libertad condicional en 2025 bajo tratamiento psicológico obligatorio los reclamos para despojarlo de su condición clerical se intensificaron.

Francisco rechazó inicialmente las acusaciones contra Zanchetta y creó un puesto para él en el Vaticano. En 2019 finalmente autorizó un proceso penal canónico, pero la Santa Sede no ha anunciado públicamente un fallo.

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En esta nota participó la periodista de AP Nicole Winfield desde Roma.

Fuente: apnews.com
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